California multará a las empresas de robotaxis si bloquean a los servicios de emergencia

El estado de California ha dado un paso decisivo para atajar los problemas de tráfico e interferencias causados por el transporte autónomo en situaciones críticas. Una nueva legislación estatal impondrá sanciones económicas a las empresas operadoras de vehículos autónomos cuyos coches bloqueen o dificulten el paso de ambulancias, policías o bomberos durante más de 30 minutos. La norma, ratificada por el gobernador Gavin Newsom bajo la designación de Proyecto de Ley del Senado 1246, obliga además a los desarrolladores a desplegar equipos de asistencia técnica presencial sobre el terreno.

La medida afectará de manera directa a compañías clave del sector como Waymo, Zoox o Tesla, estableciendo un marco sancionador y operativo sin precedentes. La ley responde a una oleada de incidentes documentados en los últimos dos años, en los que diversos taxis sin conductor sufrieron bloqueos de software, entraron de forma errática en perímetros acordonados por las fuerzas de seguridad o quedaron varados en mitad de vías rápidas impidiendo la evacuación de heridos.

Asistencia física inmediata y límites a la teleoperación remota

Uno de los puntos más determinantes del nuevo marco normativo es la exigencia de disponer de técnicos locales de incidentes. Hasta ahora, cuando un vehículo autónomo sufría una avería crítica o quedaba inmovilizado por una pérdida de enlace o confusión de sus sensores, las autoridades locales o los propios bomberos se veían forzados en múltiples ocasiones a intervenir manualmente para remolcar o conducir el coche fuera de la calzada.

A partir de la entrada en vigor de la norma, los operadores deberán cumplir con una serie de requisitos estrictos:

• Tiempo máximo de bloqueo: Se sancionará formalmente a las empresas si un vehículo autónomo obstaculiza las labores de los servicios de emergencia durante más de 30 minutos.
• Equipos de soporte presencial: Despliegue de personal técnico propio para asistir in situ en accidentes, atascos causados por el sistema y retirada de obstáculos en la vía pública.
• Notificación en tiempo real: Obligación de informar a los municipios y autoridades locales de la ubicación y el estado de los coches cuando ocurran fallos a nivel de flota o caídas masivas del sistema.
• Requisitos de teleoperación: Los conductores remotos autorizados a tomar el control directo del vehículo deben residir obligatoriamente en Estados Unidos y contar con un permiso de conducir válido en el país.

Este último apartado relativo a los operadores a distancia ataja una práctica recurrente en la industria. Mientras que compañías con ambiciosos planes de flotas comerciales buscan optimizar costes en el despliegue del Cybercab o en redes existentes, el uso de personal deslocalizado ha generado inquietud entre los reguladores. Waymo, por ejemplo, dispone de centros de control en Arizona y Michigan, pero también recurre a personal de asistencia técnica remota en Filipinas. La legislación diferencia entre la asistencia orientativa y la conducción remota directa, restringiendo esta última a operadores acreditados en territorio estadounidense.

Mayor presión regulatoria para la movilidad autónoma

California vuelve a situarse como el epicentro de la supervisión de las nuevas plataformas de transporte, un papel que ya ejerció en litigios laborales históricos vinculados a la normativa californiana en movilidad. Waymo, que en la actualidad mantiene una flota activa de unos 4.000 coches en Estados Unidos —con más de 1.200 vehículos circulando únicamente en el área metropolitana de San Francisco—, ha concentrado gran parte de los expedientes que motivaron la intervención legislativa.

La presión también se ha intensificado desde el ámbito federal. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ya remitió advertencias formales a las compañías exigiendo protocolos claros para no interferir en emergencias. Pese a la dureza inicial de las propuestas parlamentarias, operadoras como Waymo y Zoox han manifestado su conformidad con las enmiendas finales del texto, asegurando que permitirán mantener la viabilidad de sus servicios comerciales.

La ley entrará en vigor de forma definitiva en julio de 2028. Hasta esa fecha, el Departamento de Vehículos Motores de California (DMV) será el encargado de redactar los reglamentos técnicos secundarios, donde se fijarán con exactitud los tiempos de respuesta mínimos exigidos a los operarios de campo y las cuantías de las multas para quienes incumplan la retirada de vehículos.